La Corte Penal Internacional en el derecho penal mexicano frente al principio de jurisdicción universal

Abstract

La Corte Penal Internacional (CPI) y el principio de jurisdicción universal (PJU) son mecanismos de cooperación que en el ámbito del derecho penal internacional buscan evitar la impunidad tratándose de la comisión de los más graves crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto. En México, ambos mecanismos presentan dificultades para su implementación. La competencia de la CPI está condicionada a factores políticos, por lo que urge adecuar el marco jurídico nacional al internacional, es decir, armonizar plenamente la legislación nacional a las obligaciones contraídas internacionalmente, para ello, debe aceptarse de manera íntegra la competencia de la CPI en los términos dispuestos en el Estatuto de Roma. Por otra parte, el PJU también está condicionado a que exista un tratado internacional que reconozca este principio o la obligación de juzgar o extraditar. Cabe mencionar que actualmente se cumplen tales condiciones sólo para delitos específicos como la piratería y los crímenes de guerra, en el primer caso y para crímenes de genocidio y tortura, en el segundo. En cualquiera de los dos casos mencionados, se exige además, que el acusado se encuentre en México, no haya sido juzgado en el país donde cometió el delito y que el acto cometido constituya un delito tanto en México como en el país en el que lo ejecutó. Por ello, tales condicionantes justifican que no se haya juzgado un solo caso mexicano ante la CPI o por el PJU, por lo que en México continúa abierto el camino a la impunidad ante la comisión de crímenes graves que no solo violentan los derechos humanos sino también se pone en peligro la paz y la seguridad internacional.